Martes, 25 Abril 2017

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Estado español reprime a juventud vasca

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Itxaso Torregrosa Arteaga es una joven de 26 años que se encuentra en libertad condicional a la espera de un juicio por pertenecer a una “organización terrorista”.
Según declara en una entrevista realizada por el cineasta Arauco Orellana en Navarra en 2012, fue detenida en 2009 en un operativo policial que fue la culminación de un acoso policial muy largo, que consistió en detenciones permanentes en la calle, con el pretexto de identificarla; escuchas y grabaciones; amenazas veladas y una constante vigilancia.

Permaneció detenida por año y medio. En ese período fue brutalmente torturada por la policía española, torturas que consistían en amenazas e intentos de violación; el “submarino”, que es un tortura desarrollada en la Escuela de las Américas de los EEUU que consiste en meter la cabeza del detenido en una tinaja con agua y mantenerlo sumergido hasta el borde de la asfixia; palizas, gritos; amenazas de muerte y otros “métodos”. Ella misma relata, sin embargo, que “lo peor es la certeza de que no tienen límites, que son capaces de todo. Durante los cinco días y las cinco noches que duran habitualmente los “interrogatorios” tu eres vulnerable. Te pueden hacer lo que quieran y lo repiten reiteradamente”tu sabes que te podemos hacer lo que queramos y no me pasará nada”, aseguran -declaró Itxaso- que “cuando salgas cuenta lo que quieres. Si quieres miente. A nosotros no nos pasará nada. No me harán nunca nada”.
La impunidad de los agentes del terrorismo de estado, es un requisito fundamental para lograr los objetivos represivos que se persiguen con la tortura. La impunidad es la principal arma, el recurso que permite que esas personas traspasen todos los límites, como se vio en Chile y en Argentina durante las dictaduras militares.
El Estado español intenta reprimir la conciencia nacional de la juventud vasca. Una ofensiva judicial en contra de varias decenas de jóvenes vascos se ha estado desarrollando en los últimos meses en Euskadi (nombre vasco de la Comunidad Autónoma).
Bajo la acusación de “terroristas”, la justicia española mantiene detenidos a los jóvenes alegando como base que la organización para la cual trabajaban fue declarada “terrorista” por la Corte Suprema española.
A esta represión en contra de los jóvenes se suma el paro que en Ceuta y Melilla, los enclaves españoles en África, alcanza un 65% y en el País Vasco un 34%. Navarra tiene un 29,1% de parados.
El Estado español ha mirado sin querer ver la grave situación habitacional que afecta a los que compraron viviendas con crédito hipotecario y que en una cantidad cercana a los 450 mil familias han sido desalojados de sus viviendas por no poder pagar las cuotas del crédito. En España los bancos con la complicidad de la justicia, desalojan a los deudores, se quedan con las viviendas y la deuda sigue vigente para los desalojados.
Al contrario de la política económica estatal española basada en los principios neoliberales que insiste en impedir que los bancos quebrados desaparezcan y los mantiene artificialmente al costo de enviar a la pobreza y al hambre a millones de españoles.
La situación no es mejor en el resto del país ibérico
Ello ocurre en el marco de una crisis financiera y bancaria desatada por empresas y bancos españoles que no reciben represión alguna del Estado español y  -al contrario- son avalados, financiados y mantenidos con vida a pesar de que están en quiebra.
Como es la juventud la que es brutalmente castigada por esa política, el Estado reacciona reprimiendo a los mas conscientes.
Cuarenta jóvenes vascos fueron detenidos y los mantienen en parte en prisión acusados de pertenecer a la organización juvenil SEGI que se inscribe en la actividad política de Izquierda Abertzale, el movimiento político nacionalista y socialista vasco que busca la independencia.
Los acusados realizaban actividades culturales, artísticas y de cultura política en el País Vasco y en Navarra en el marco de la organización SEGI.
La fiscalía presentó un escrito de acusación en contra de los 40 en el que afirma: “La organización SEGI “organización juvenil creada en el seno del Moviendo de Liberación Nacional Vasco...incidiendo en la seguridad ciudadana persigue producir profundo temor atacando al conjunto de la sociedad democrática y constitucional del Estado de Derecho, o de otro modo, atentando contra la paz pública, como aspecto de la paz social, que se funda en el respeto a la ley y a los derechos de los demás”, fue declarada organización terrorista mediante sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo...del 19 de enero”.
Las actividades de los 40 acusados en la asociación SEGI se pueden colegir del extenso catálogo de “pruebas” que capturó la policía en locales públicos y viviendas de los detenidos.
El escrito consiste prácticamente en ese catálogo.
Incluye la lista: camisetas con inscripciones de propaganda política en favor de la independencia del País Vasco y volantes, carteles, escritos, protocolos de reuniones que se pueden encontrar en cualquier organización política que no tiene fines “terroristas”.
El Fiscal detalla que los jóvenes fueron espiados, seguidos, escuchados con sistema electrónicos para finalmente detenerlos.
Itxaso Torregosa, la joven entrevistada por Orellana explica en la entrevista “SEGI es una organización independentista; ecologista, feminista y lo que hace actividades como cenas, marchas, diferentes campañas de manifestación de opiniones políticas, civiles”.
El Fiscal asegura al juez que la organización es una especie de brazo juvenil de la ETA, organización que declaró el abandono de la lucha armada a mediados de año y que desde la fecha no ha realizado acción alguna que pueda ser calificada como “militar” o “terrorista”. De hecho se la considera disuelta.
Los jóvenes vascos acusados por la fiscalía daban clases de guitarra; organizaban manifestaciones públicas, hacían reuniones de evaluación y de organización como cualquier otra organización civil de las que hay cientos de miles en Europa, incluso independentistas.
Es evidente que su detención se encuadra en el temor que tiene el Gobierno y el Estado español ante la crisis que no es capaz de solucionar y que amenaza con precipitar a España en una ingobernabilidad incontrolable.
El documento acusatorio de la fiscalía está lleno de curiosidades. Por ejemplo en la página 9 consigna que en la sede de una sociedad Montose se encontraron y requisaron “papeletas de una rifa para el día 10/19/2009 en las que figura el logo de SEGI y en las que se puede leer “Gatze Zozqueta (Sorteo Juvenil). Se trata de cincuenta talonarios de cincuenta papeletas de un Euro cada una. En cada papeleta figura la silueta de media persona con una camiseta roja la la palabra “Independencia” enmarcada en un óvalo y una línea vertical...”
El largo catálogo de pruebas acusatorias que intenta demostrar que los jóvenes estaban preparando el derrocamiento de la monarquía, la disolución del Estado español y la toma del poder, sigue con la desclasificación de camisetas; papeles manuscritos; textos mecanografiados, todos referidos a las actividades civiles y organizativas del grupo juvenil vasco.
El Fiscal no muestra ninguna arma; ningún plan militar; ninguna referencia a actividades reñidas con la ley española, fuera de la afirmación de que podrían estar vinculadas con una sentencia del Tribunal Supremo que naturalmente no tiene vigencia de ley ni en España ni en ningún Estado de Derecho en el mundo.
Mientras esta especie de juicio de conciencia se lleva adelante, se informa que en la localidad de Baiona (país vasco francés) cerca de 15.000 personas se manifiestan bajo el lema “Hurbildu bakera, Giza eskubide guztiak, euskal preso eta iheslariak Euskal Herrira” (En el camino de la paz, todos los derechos humanos, presos y refugiados vascos a Euskal Herria)
La mayor manifestación que ha recorrido nunca las calles de Baiona en demanda del
respeto a los derechos de los prisioneros políticos y los refugiados.
Abrían la manifestación los familiares de presos y represaliados que portaban las fotos de sus seres queridos.
Detrás de ellos el colectivo de refugiados con su pancarta en la que reclamaban su
derechos a vivir libremente en Euskal Herria.
Desde la misma España y otros países europeos se han manifestado diferentes organizaciones a favor de los detenidos que el Estado español mantiene en prisión preventiva o condenados.
Se trata de presos de conciencia, personas que son condenadas por tener una opinión política como la entrevistada  por Orellana en Navarra y ello es así porque cualquier vínculo con la organización militar clandestina “terrorista” ETA  (los medios y los políticos españoles la denominan “la banda terrorista ETA”), no puede existir, ya que esa organización hizo abandono de la lucha armada, prácticamente se disolvió porque su existencia se justificaba precisamente por esa lucha armada.

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