Domingo, 22 Octubre 2017

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Colombia: El TLC, prueba indicutible del continuismo de Santos

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En uno de los documentos diseñado en Estados Unidos*, que da sustento al Plan de Acción para desempantanar el trámite del TLC en el Congreso estadounidense, se afirma que Colombia hizo enormes avances en materia de derechos humanos y protección a los sindicalistas durante los últimos diez años, que durante el gobierno de Juan Manuel Santos se trataría de consolidar estos avances y que el TLC tendría justamente el objetivo de apoyar estos importantes logros.

Eso significa que la administración Obama hace un balance satisfactorio del gobierno de Álvaro Uribe y ve en el de Santos la continuidad básica de las políticas aplicadas

en los anteriores ocho años. Por eso no es extraño que dentro de su tradición imperial de imponerle a Colombia la aplicación de determinadas políticas y sabiendo que de los gobernantes colombianos lo único que puede esperarse es docilidad, ahora le exija al Gobierno la implementación de una serie de medidas para asegurar la protección de los sindicalistas; prevenir que las formas de contratación en Colombia no signifiquen un abaratamiento de las exportaciones a Estados Unidos, de tal forma que puedan competir con algunos productos estadounidenses, competencia que es calificada por los norteamericanos como desleal. Su insistencia en todas las declaraciones y documentos de los últimos meses es que el TLC busca aumentar las exportaciones norteamericanas a Colombia y resguardar los puestos de trabajo en ese país.

La demostración de eso es que mientras en Colombia el Gobierno solo habla de un

posible aumento de nuestras exportaciones hacia la potencia norteamericana como producto del TLC, en Estados Unidos los exportadores de soya, maíz, maquinaria y otros insumos han expresado su enorme satisfacción por el pronto trámite del tratado, asegurando que las ventas de esos productos a Colombia aumentarán rápidamente.

Lógicamente las exportaciones colombianas no tienen un futuro promisorio en el mercado estadounidense. La revaluación del peso, la pérdida de competitividad de la economía colombiana frente a países similares y la quiebra e incluso desaparición de sectores productivos enteros han demostrado que los únicos que pueden crecer en materia de exportaciones son los productos básicos, los cuales no necesitan TLC para entrar al mercado de Estados Unidos. Una prueba de ello es la disminución de las exportaciones a ese país durante el último año. Lo único que crece son las exportaciones minero energéticas que representan el 64% de ellas. Las agrarias han disminuido a pesar de los aumentos de precios de los alimentos, y cayeron las industriales por la pérdida irremediable del mercado venezolano.

En realidad, más que las exportaciones lo que el Gobierno enfatiza es la búsqueda

desesperada de inversión extranjera. En las últimas semanas se han hecho múltiples reuniones del mismo Santos o funcionarios de alto nivel, con empresarios norteamericanos

y europeos para asegurarles que Colombia es un paraíso, que el Gobierno dará toda clase de garantías a estas inversiones y que no colocará condicionamientos. De hecho los planes gubernamentales están fundamentados en un incremento sustancial de esta inversión y la desnacionalización aun mayor de la economía, incluyendo las empresas estatales que subsisten y la venta de inmensos territorios a inversionistas extranjeros.

Si en algo se puede evidenciar la continuidad entre Uribe y Santos, es en el activismo desaforado por la aprobación de los tratados de libre comercio. Todos los días el actual inquilino de la Casa de Nariño asegura que está continuando las políticas de Uribe, llama a que no intenten enfrentarlo con él, declara que no le molestan las críticas de su antecesor y asegura que aprecia mucho sus consejos.

Con respecto a los “avances” en los últimos años en materia democrática, basta leer

los informes de todas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos revelando que fueron precisamente esos, los años de los falsos positivos, de asesinatos de dirigentes sociales, de concentración en la propiedad de la tierra, de disminución de la fuerza de los sindicatos, del deterioro y precarización de las condiciones laborales. Pero si todavía faltara algo, se han denunciado multimillonarios casos de corrupción en los cuales estuvo directamente comprometido el entorno inmediato del Ejecutivo, los negociados de los hijos de Uribe, los contratos con los Nule y la estafa de Agro Ingreso Seguro. Si esos son los enormes avances que el TLC quiere preservar, ¡que Dios nos guarde!

Si algo caracteriza al gobierno de Santos es su tremenda disposición al engaño, pues tras anunciar con bombos y platillos que viajaría a Estados Unidos a concretar una fecha para que comience el trámite del malhadado tratado en el Congreso estadounidense, no encontró ningún compromiso concreto sino un panorama lleno de dificultades y regresó al país a cantar victoria. Suscribió un acuerdo que lo obliga a eliminar las Cooperativas de Trabajo Asociado y en entrevistas posteriores afirmó que ellas no se van a acabar. Anunció la devolución de tierras a los campesinos y propuso una ley que dificulta y complica este proceso. Aseguró que respeta a la oposición, pero realizó al mismo tiempo todos los esfuerzos para cooptar a sus sectores más vacilantes. Anunció apoyo a la justicia y la lucha contra la impunidad mas permitió que los militares condenados gocen de toda clase de privilegios en los batallones donde están supuestamente detenidos. Sonriéndose normalizó las relaciones con los vecinos hablando de la integración latinoamericana, pero al mismo tiempo priorizó la suscripción de tratados de libre comercio que van en contravía con esos procesos de integración. Todo ello es claro ejemplo del profundo cinismo que caracteriza al actual mandatario colombiano.

Afortunadamente el adormecimiento de la población no es generalizado y la capacidad de engaño del Gobierno tiene sus límites. Los lecheros lograron derrotar la política

que para este sector pretendía imponer el uribosantismo en el poder y ahora productores y comercializadores se aprestan a luchar contra el TLC; toda la ciudadanía del departamento de Santander se movilizó en contra de la explotación minera en el páramo de Santurbán, logrando derrotar una de las principales aplicaciones de la “confianza inversionista”; los Estudiantes y profesores se movilizan en contra de la propuesta de reforma universitaria; los desplazados no esperan que se les envolate el derecho a regresar a sus territorios sino que toman iniciativas propias, y miles de personas participaron en las movilizaciones del 7 de abril en contra de las políticas del Gobierno. Muy seguramente a medida que la verdadera faz del gobierno

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