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Deuda consolidada, un proyecto que el caso La Polar ha contribuido a reflotar

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Los legisladores han anunciado su disposición para avanzar sobre el tema, pese al silencio del Ejecutivo. Además, pretenden reactivar materias descartadas durante el trámite del Sernac Financiero y poner en discusión la reformulación de la tasa máxima convencional de interés.

El 6 de abril del año pasado, el Ministro de Economía, Juan Andrés Fointaine, se comprometió ante la Comisión del ramo de la Cámara de Diputados a presentar su postura frente a un proyecto, ampliamente discutido en esa instancia y que presentaba un margen importante de apoyo entre los legisladores, que consolidaba en una única base de datos toda la información de deuda de las personas.

Sin embargo, el Ejecutivo fue postergando su presentación, dando a entender que eran otras las prioridades y que un proyecto de deuda consolidada no estaba en su agenda. Así, pese a que el proyecto ya había comenzado a discutirse en particular en la Comisión de Economía, el trámite se estancó.

El Gobierno pretendió avanzar por otras vías e impulsó el trámite del proyecto sobre SERNAC Financiero que, pese a sufrir importantes perfeccionamientos en la Comisión, no dejó satisfecho a la Oposición e independientes que esperaban regular con mayor intensidad el tema de las llamadas “cláusulas abusivas” y los mandatos ciegos con facultades unilaterales.

“Queríamos que quedara estipulado en la ley y el Ejecutivo indicó que quedaba debidamente resguardado en la circular de septiembre (de la Superintendencia de Bancos), que después fueron echadas para atrás el 14 de noviembre”, recordó el diputado Miodrag Marinovic (IND).

A la luz de los acontecimientos relacionados con el escándalo de La Polar, actualmente investigado por la misma Comisión de Economía de la Cámara, diputados de diversas colectividades han planteado la oportunidad de rescatar algunos temas, tales como las indicaciones presentadas al SERNAC Financiero y el proyecto de deuda consolidada.

El diputado Joaquín Tuma (PPD) sostuvo que esta iniciativa aborda un tema muy importante que debiera reconsiderarse, justamente, para evitar problemas como los ocurridos con la multitienda, que acumuló una deuda mayor a la de cualquier otra institución del comercio minorista.

Reconoció que hay mucha resistencia a avanzar en este asunto, pero resaltó la importancia de analizar la situación global de cada cliente y su potencial real de endeudamiento. “Yo creo que debiera existir, si no es una consolidación total, que por lo menos sea por área. Qué pasa si hay un determinado cliente de una tienda, que quiere saber si debe en las otras tiendas o no, saber cuál es su situación… Hoy se ha permitido una situación tan libertaria que, incluso, personas sin ingresos están obteniendo créditos en distintas casas comerciales”, enfatizó.

El diputado Marinovic coincidió con Tuma y recalcó que el proyecto debiera ser parte integral de varios temas que están hoy en discusión, a raíz del caso La Polar.

En este plano estimó necesario avanzar en la estancada iniciativa y negociar también con el Ejecutivo sobre dos materias centrales: regular de mejor forma los cobros, evitando que ocurran repactaciones unilaterales; y dar un impulso a la moción que modifica la tasa máxima convencional.

“Ha quedado demostrado que entre un 60% a 70% (de las instituciones) están aplicando tasas muy cercanas a la máxima, cayendo en la usura y eso es absolutamente impropio”, planteó.

Deuda Consolidada

La iniciativa tuvo su origen en tres mociones: una presentada por diputados de la Concertación en septiembre de 2007 y dos originadas por la Alianza, una en octubre de 2007 y la otra el 18 de diciembre de 2008 (boletines 5309, 5356 y 6298). Por decisión de la Sala, las tres propuestas fueron fusionadas en un único proyecto que fue reemplazado a través de una indicación sustitutiva, durante la administración de Michele Bachelet, el 8 de mayo de 2009.

Según explicó el Ejecutivo de la época, los objetivos generales de la indicación fueron perfeccionar los derechos de los titulares de los datos de obligaciones económicas y su ejercicio y permitir que el comportamiento de pago de las personas y pequeñas empresas pueda ser demostrado a las instituciones financieras al momento de solicitar un crédito y, de esta forma, profundizar el acceso de la población de menores ingresos al financiamiento.

Para abordar el proyecto, la Comisión de Economía inició un prolongado proceso de audiencias que culminó hacia fines de 2009. Entre los concurrentes destacaron los representantes de la Asociación de Bancos y del comercio minorista, quienes plantearon visiones contrapuestas, continuando con un histórico enfrentamiento sobre el tema que venía desde 1997, cuando se trató de abordar en otra iniciativa.

Los primeros, a favor de la propuesta y en la misma línea con el Gobierno de Bachelet, criticaron que Chile estaba rezagado respecto de la tendencia internacional, que apunta hacia la consolidación de datos comerciales, limitándose a entregar sólo datos negativos. Además, recalcaron que un 75% de las tarjetas de crédito de consumo son manejadas por el comercio minorista, lo que incidía en que un 45% de las deudas de consumo se concentraran en este sector.

Para el comercio minorista era equívoco pensar que por efecto de un sistema consolidado bajarían las tasas de interés de los segmentos de menos recursos; que se atacaría el sobreendeudamiento; y que mejoraría el colateral reputacional de las personas. Además, afirmaron que la normativa era “un subsidio encubierto a la banca” a costa de la privacidad de las personas y de los derechos de los agentes crediticios no bancarios.

Finalmente, la Comisión de Economía aprobó legislar sobre la materia en enero de 2010. Acto seguido, comenzó a analizar el articulado junto con las más de 200 indicaciones parlamentarias presentadas por todos los sectores, lo que evidenciaba la falta de acuerdo en varios de los asuntos.

Pese a lo anterior, los legisladores llegaron a aprobar algunas de las materias que son parte del sustento del proyecto como los aportantes del sistema, en este caso: bancos, casas comerciales, cajas de compensación, compañías de seguros, cooperativas, empresas de leasing y de factoring y la Tesorería General de la República (deudas tributarias demandadas).

También se concordó crear un banco de datos oficial (Registro Central de Obligaciones Económicas, RECOE) que tendría por misión conservar, consolidar y estandarizar la información de todos los acreedores y cuyo administrador sería escogido vía licitación con el objeto de obtener tarifas competitivas para la venta de información a las distribuidoras de datos.

Sin embargo, lo aprobado sólo representó una pequeña fracción de la normativa de algo más de 60 artículos. El problema era que muchos de los temas requerían de la opinión del Ejecutivo para poder avanzar, hecho que nunca se concretó. Pero hoy, frente a un caso de preocupación pública y ante un nuevo consenso político, probablemente el cuadro cambie a más de un año de estancarse el trámite y el proyecto no quede en deuda.

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