Miercoles, 18 Octubre 2017

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La “guerra” del agua en Petorca: diputados prometen ayuda

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Entre los acuerdos, adoptados durante una intensiva visita en terreno en la zona afectada, se contempla solicitar al Ejecutivo la declaración de zona de catástrofe, y encomendar una auditoría a la Dirección General de Aguas. La inspección -que fue acompañada por autoridades de esta última repartición, funcionarios del MOP y representantes de la comunidad- participaron los diputados Adriana Muñoz, Andrea Molina, Luis Lemus y René Alinco.

Importantes acuerdos fueron adoptados este jueves por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre extracción ilegal de aguas y áridos de los ríos del país, en su visita a terreno en la Provincia de Petorca, inspección que fue acompañada por el titular regional de la Dirección General Aguas (DGA), Nicolás Ureta, personal de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y representantes de la comunidad.
La diputada Andrea Molina (UDI), integrante de la Comisión y representante de la zona, valoró la concreción de la visita como forma de testificar una situación sobre la cual se ha estado llamando la atención sin mayores respuestas de la autoridad. “Uno como diputado, solo, no puede hacer mucho y yo he golpeado todas las puertas que ha estado en mí golpear, y lo voy a seguir haciendo”, enfatizó.
La legisladora dijo que lo fundamental es pedir al Ejecutivo que se eliminen los derechos provisorios otorgados por la DGA en la Provincia, que se intervenga el cauce y que se decrete el área como “zona de catástrofe”, dado que con el decreto de escasez hídrica ya no se da abasto. “Hay muchos temas que tienen que abordarse y nosotros, como Comisión, queremos impulsar esto y presionar para que se logre”, agregó.
La presidenta de la instancia, diputada Adriana Muñoz (PPD), informó que, junto a los acuerdos mencionados por la diputada Molina, la Comisión concordó en solicitar un reforzamiento de la institucionalidad de la DGA, para dar cuenta de un problema creciente en el país, y encomendar una auditoria a dicha institución, para constatar la veracidad de las denuncias presentadas por la comunidad.
La parlamentaria sostuvo que la visita fue muy importante para la investigación que sigue la Comisión, al tomar cuenta de una realidad de catástrofe evidente y que hace plantearse la necesidad de impulsar una reforma constitucional que garantice al agua como un bien de uso público y no privado. En este plano, dijo que se van con el compromiso de responder a la gente y de promover acciones concretas en el corto plazo.
El diputado Luis Lemus (PS) estimó que la visita en terreno fue muy positiva para el trabajo que realiza la instancia, al permitirles constatar una situación que ya no afecta sólo a un grupo de agricultores, sino que se ha transformado en una demanda de toda una Provincia, en donde la guerra del agua parece ser ya una realidad.
Criticó que la DGA haya permitido que en esta zona existan pozos que extraigan hasta 8 litros por segundo, cuando la autorización es de sólo 2 litros por segundo. Además, refutó que hayan drenes, de hasta 400 ó 500 metros de largo, que atraviesan el río y terrenos estatales, que no han sido fiscalizados aún por la Dirección General de Aguas.
Recordó que la escasez de recurso hídrico es un problema que se presenta desde Santiago al norte, principalmente por la sobreexplotación industrial de los sectores agrícola y minero, y que está provocando una situación desesperada a las poblaciones.
El diputado René Alinco (IND) también valoró la inspección como modo de verificar en terreno las denuncias de usurpación ilegal de aguas y áridos. “Pudimos constatar que existe una serie de irregularidades donde, por ejemplo, se han otorgado 50 permisos de captación a un solo agricultor”, destacó.
El legislador lamentó que la Comisión no haya sido autorizada a entrar a uno de los predios signados por el Movimiento por la Defensa del Acceso al Agua, la Tierra y el Medio Ambiente (Modatima), como responsable de extraer ilegalmente agua por medio de drenes.
Dijo que insistirá ante la Comisión para que se cumpla con el mandato de la Sala y se logre terminar con el robo de agua que perjudica principalmente a los pequeños campesinos. “No queremos que el agua se nos vaya de las manos” concluyó.
Visita
La visita, que se desarrolló por casi seis horas, incluyó diversos sectores del valle de Longotoma, aledaños a la ribera de los ríos Petorca y La Ligua, ambos cauces hoy secos. Entre los lugares inspeccionados se encuentran el sector de Santa Julia, el estero y localidad de Los Ángeles, el canal Larena, y propiedades particulares de las localidades de San Lorenzo, La Ligua, Petorca y Valle Hermoso.
Los diputados, la Secretaría de la Comisión y las autoridades participantes fueron guiados a cada uno de los puntos por representantes de las comunidades y, muy particularmente, por miembros del Modatima, encabezados por su secretario, el ingeniero agrónomo Rodrigo Mundaca.
En cada punto, los lugareños y el propio Mundaca trataron de evidenciar lo que estiman son acciones ilegales de extracción de agua y áridos por parte de empresas y grandes productores agrícolas. Las situaciones fueron observadas por los parlamentarios y consultadas con la DGA, generando pequeños debates entre las distintas partes.
Fue en estas conversaciones que Mundaca cuestionó que la DGA haya entregado permisos provisorios de agua a grandes productores, pese a que los ríos Petorca y La Ligua están declarados en restricción. “Los acuíferos están sobre explotados. Desde 1997 y 2004 la DGA ha entregado más de 200 mil litros por segundo en cuencas que están declaradas con restricción. La pregunta es por qué no se revocan los derechos provisorios para meter agua a los canales”, enfatizó.
Criticó que se autorice el uso del recurso hídrico en terrenos que no son aptos, como los cerros aledaños, para sustentar plantaciones de grandes productores, mientras que el valle se encuentra completamente seco y la población ya no tiene agua ni para beber.
Nicolás Ureta explicó que, una vez declarada la restricción, la Ley permite constituir derechos de carácter provisional, los cuales tienen una duración de cinco años, y que si en ese tiempo no se constata perjuicio para otros derechos ya constituidos pasan a ser permanentes.
Sostuvo que la Dirección posee pozos de medición del acuífero que se van monitoreando constantemente y que, cuando se constata que hay una tendencia a la baja del acuífero o que puede afectar su sustentabilidad, es posible reducir prudencialmente esos derechos o caducarlos.
Indicó que el proceso requiere de antecedentes técnicos que justifiquen la medida y que deben ser realizados como tendencia, es decir, en más de una temporada. Además, recalcó que la entidad efectúa las inspecciones requeridas conforme al personal disponible.
Aclaró que un estudio preliminar, que detectó 65 posibles drenes, ha sido la base de un proceso de fiscalización aún en marcha. Acotó que se han investigado 33 casos, de los cuales tres han pasado a un proceso de fiscalización.
Finalmente, cabe resaltar que, en un punto de la visita, el alcalde de Petorca, Gustavo Valdenegro, agradeció la preocupación de los parlamentarios y llamó a impulsar medidas concretas y urgentes para solucionar la grave situación de la Provincia.

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