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Cabo del Ejercito de Chile gastó más de dos mil millones del 10% de la reserva del cobre en un Casino


Según una nota de The Clinic- EL Clarin - Radio Villa Francia y en base a una nota del periodista Mauricio Weibel Barahona - "Entre 2008 y 2014, el cabo Juan Carlos Cruz gastó miles de millones en máquinas tragamonedas con dineros provenientes de los Fondos Reservados del Cobre. Se compró un caballo fina sangre, viajó a Cuba con su familia y enchuló a su pareja. Una vez detenido, habilitó un gimnasio al interior del penal Cordillera, a vista y paciencia de los generales del Ejército. En un interrogatorio, luego de caer en desgracia, sostuvo: “Le perdí sentido al dinero”.

Fue hace tan poco y el cabo Juan Carlos Cruz parece no recordar nada. En menos de seis años gastó 2.368 millones de pesos en el casino Monticello y ante el comisario Guillermo Castro de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, algo nervioso y desmemoriado, solo atinó a responder: “Le perdí sentido al dinero”.

En su declaración, realizada a mediados de abril de este año, Cruz reconoció que comenzó a visitar el casino el año 2008, apostando entre 50 y 100 mil pesos. Un informe de la casa de juegos, entregado a la Fiscalía Militar, sin embargo, asegura que los montos fueron aumentando de manera exponencial con los años.

Sólo entre julio y octubre de 2013, el cabo Cruz, funcionario del Departamento de Planificación Financiera del Ejército, con un sueldo en ese entonces de 560 mil pesos, gastó más de 637 millones de pesos en el casino.

La evidencia ablandó a Cruz al ser interrogado por la policía civil. Aunque afirmó que no podía dimensionar la totalidad de sus gastos, reconoció que cuando asistía a apostar en los tragamonedas desembolsaba entre 500 mil y 60 millones de pesos.

Cruz, sin embargo, no entró en mayores detalles. Aseguró en sus declaraciones que el dinero jugado en el casino provino de su sueldo, de una distribuidora de gas de su propiedad, de la venta de automóviles y del cupo de sus tarjetas de crédito. “Perdí la dimensión de la cantidad de dinero que aposté”, resumió.

Cuando le preguntaron si los dineros utilizados en el casino provenían de la ley Reservada del Cobre respondió que no. Aseguró que solo se quedó con 15 millones de una comisión pagada por las facturas del proveedor Francisco Huincahue, dueño de la empresa Frasim.

En el Monticello reconocieron que debido a los altos montos apostados en el casino, le otorgaron el estatus de cliente Platinum y que en el año 2013 le regalaron ocho noches de cortesía para él y una acompañante.

Cruz admitió a la justicia que en el casino contaba con el beneficio de estacionamiento liberado, comida gratis en el restorán Capataz e incluso acceso a una dispensadora. “Podía servirme una bebida gratis”, detalló.

El militar siempre acudía al casino con su pareja, Elizabeth Vega, quien también gastó grandes sumas de dinero en el Monticello. Según registros de la empresa, la mujer desembolsó 368 millones de pesos. Ambos, entre el año 2008 y 2014, gastaron 2.736 millones de pesos, equivalente a la dieta de 270 parlamentarios.

Pero no todo fue despilfarro. En el año 2013, el cabo Cruz acudió 127 días al casino y obtuvo también millonarios premios. En junio, por ejemplo, ganó 36 millones en el tragamonedas, en una sola noche.

Fue tanta su felicidad que luego de cobrar el millonario premio con un cheque del Banco Itau, partió a celebrar al Club Hípico de Santiago. Allí almorzó con sus amigos del Comando de Apoyo a la Fuerza del Ejército, el equipo que revisaba los pagos con los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.

Aquella vez, según comentó el mismo Cruz en su declaración, pasó casualmente por el lugar el Coronel Carlos Palacios y fue testigo de los festejos con pisco sour en el casino. El cabo, en medio de la celebración, le comentó a su superior que usaría el dinero para pagar su casa y cambiar su auto.

El mismo año en que Cruz gastó más de mil millones de pesos en el casino, el 2013, el teniente coronel Gerardo Ruiz firmó un informe en que catalogó al cabo con un destacado 6,05. “Clase serio, deferente”, escribió el oficial. “Debe mejorar la responsabilidad”, matizó luego.

El desborde del suboficial, al parecer, aún no era detectado por parte de alguno de sus superiores. Otros, sin embargo, pareciera que estaban al tanto de las andanzas del cabo del Ejército. Al menos así lo indica algunos de los whatsapp requisados del celular de Cruz. “Sólo te pido que me cuides la espalda”, escribió en 2014 a un compañero de trabajo que identificó en su teléfono como el sargento Meléndez.

Ese mismo año, según la declaración judicial del coronel Clovis Montero, el otro detenido en el caso, el cabo Cruz comenzó a preocuparse del rumbo que tomaban las cosas. El 31 de marzo, según el oficial, recibió varias llamadas telefónicas de Cruz cuando participaba en una reunión de directorio en el Club Providencia. Al rato habría llegado el cabo, comentándole que “se había destapado el caso de las facturas”.

Al explicar el inicio de las defraudaciones, Montero aseguró a la Justicia que Cruz le indicó que los fondos defraudados eran para el jefe de la División de Mantenimiento del Ejército, el general Héctor Ureta. El general y Cruz desmienten esta versión.

No obstante, tras ser descubierta la operación, Montero contactó al dueño de Frasim, Francisco Huincahue, y le pidió que devolviera el último pago efectuado, correspondiente a 53 millones de pesos. Huincahue devolvió el monto en un vale vista a Montero y este se lo entregó al tesorero del Ejército, el coronel Samuel Poblete, en los estacionamientos del edificio Bicentenario.

“Uff, con el poto a dos manos Pitroko, no sé qué va a pasar”, escribió Juan Carlos Cruz a un colega a través de whatsapp en mayo de 2014.

Cuatro meses antes, también a través de mensaje de texto, Cruz dejó otra evidencia en un mensaje a otro compañero. “Oye weas llama al cojo para que te traiga hoy el barco”. Al ser consultado por el sentido del texto, Cruz explicó a la PDI que “el cojo” era Montero y “el barco” un encargo. No entró en mayores detalles.

Durante la investigación, Cruz reveló algunas fallas en el sistema de finanzas del Ejército. Dijo que en su unidad la consulta de proveedores del Ejército estaba disponible en una plataforma de libre acceso, al momento de aprobar el pago de una factura, pero que el equipo que permitía ingresar a internet era lento, por lo que la gente no verificaba los datos.

Además, aseguró que el general Salas habría ordenado a los funcionarios del Comando de Apoyo a la Fuerza no revisar las facturas sino “solamente devengarlas y tramitarlas a Tesorería”. Este relato es respaldado judicialmente por otros miembros del CAF, el órgano encargado de aprobar administrativamente los gastos con fondos reservados del cobre.

Las preguntas, entonces, resultan evidentes: ¿Los controles del Ejército fallaron sistemáticamente o el cabo Cruz pertenecía a una red más amplía de corrupción que ignoró las evidencias? ¿Cómo a nadie se le ocurrió que era difícil que un suboficial con ese salario pudiera acudir casi a diario al casino o comprarse un caballo fina sangre?

Las razones para sospechar son muchas. De hecho, el militar sigue teniendo regalías al interior de su institución, pese a todas las pruebas en su contra, incluida su propia confesión en el caso. Por ejemplo, el cabo logró ahora que sus superiores lo autorizaran a instalar un pequeño gimnasio en la cabaña prisión donde espera el resultado del proceso en su contra que encabeza la fiscal Paola Jofré en la VI Fiscalía Militar.

Gracias a este beneficio, el uniformado combate el tedio y el sobrepeso con una trotadora, una elíptica y una máquina de ejercicio multiuso. Allí corre y comparte con sus compañeros en la exclusiva cárcel precordillerana. Solo mantiene distancias con el coronel Clovis Montero, con quien lo separan hondas diferencias, además de versiones encontradas ante la Justicia Militar. Pese a estar ubicados en el mismo recinto, no cruzan palabras.

La caída
No todo fue derroche en la vida de Cruz. Los últimos días, antes de ser detenido, fueron bastante febriles y cargados de angustia. Los intercambios de whatsapp con su pareja fueron elocuentes.

“Necesitamos dinero”, le escribió Elizabeth Vega en mayo de 2014. “Necesitamos vender los autos rápido”, le respondió Cruz más tarde.

Cuesta creer que el infinito derroche de la pareja terminara en una angustia económica sin resolver. Pero todo indica que así fue.

“Así son las vueltas de la vida”, escribió incluso el militar a su pareja cuando las salidas se cerraban. “Así, no más”, le respondió ella por mensajería.

El cabo Cruz, a escasas semanas de irse a la capacha, resentía cada vez más seguido que ya no tenía ni siquiera efectivo. Atrás quedaron las noches en el Monticello, las comidas en el Club Hípico y los viajes con su pareja a Cuba. Cruz, aunque parezca increíble, apenas disponía de algunos pesos para desplazarse por la ciudad.
“Después de ser cabeza de león, ahora soy cola de ratón”, se lamentaba.

A tanto llegó su desesperación que hasta le pidió plata a uno de sus jefes. “Puta, jefe, perdón que lo moleste pero no me puede adelantar algo, lo necesito de verdad, hoy fui donde mi abogado y le pasé todo mi sueldo. Imagínese me quedé con 20 lucas, por fa jefe lo que pueda”, escribió el 20 de mayo.

Días después, con los primeros informes judiciales en marcha, las preocupaciones surgieron más nítidas.
“Quisiera a veces que fueras distinto y no me decepcionaras tanto”, le escribió Elizabeth Vega.

“Yo trato de cambiar, de verdad que trato, y te doy gracias por apoyarme y quererme aunque sea tan condoro”, le respondió Cruz. Los intercambios no paran. La desesperación se hace insostenible. Cruz le escribe Elizabeth unos días antes de ser detenido: “Sólo le pido a diosito que esta weá termine pronto”.

REFERENCIA:
La Ley Reservada del Cobre es una antigua figura en la historia de nuestro país, teniendo su primera manifestación en el año 1958 con el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, ley que en ese entonces exigía que el 15% de los impuestos a las grandes mineras se dirijan al sector defensa. Sin embargo fue en la Dictadura Cívico-Militar donde la Ley Reservada del Cobre adquiere su forma actual, mediante los DL 239 (1973), 1530 (1976) y las leyes N.º 18.445 (1985) y 18.678 (1987). De ese modo, y en forma progresiva, la Ley Reservada del Cobre se convirtió en un marco legal que permitió y permite a las Fuerzas Armadas apropiarse del 10% de los ingresos totales (productos y subproductos del cobre) de la minera estatal Codelco, los cuales deben ser repartidos de forma igualitarias entre las tres ramas militares. Esto significa una merma importante a los ingresos (y por ello a las utilidades) de una empresa estatal que perfectamente podrían destinar dichos excedentes a otras áreas como vivienda, salud y educación. Sin embargo, dicha ley amarra a que sean los militares, y entre cuatro muros los que se apropien y decidan en qué gastar dichos recursos. El segundo aspecto es la categoría de “reservados” que tienen los gastos realizados con los fondos de la Ley Reservada del Cobre. Por tratarse de elementos de defensa, y por lo tanto supuestamente estratégicos, los gastos militares se rotulan como reservados. Es más, parte de la partida de Defensa que año a año se decide en el presupuesto nacional, su contenido se mantiene reservado y por lo tanto no tiene conocimiento público. Y es más, ni se pueden realizar solicitudes de Ley de Transparencia, ni la Contraloría ni el Congreso en su rol fiscalizador puede escrutar y auditar dichos gastos, lo que hace que sea un terreno especialmente propicio para la estafa y el engaño, por no existir fiscalización más allá de la militar. 

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