Hemos recibido el siguiente documento con una petición de adhesión por nuestro intzermeio y una solicitud de difusión del mismo. Lo publicamos sin modificaciones por considerarlo de interés para nuestros lectores
La Dirección
Chile somos todos
Chile somos todos los chilenos y chilenas. El conjunto de los que se reconocen como chilenos, forman la Nación. Ninguna persona, grupo de personas, institución o idea está, ni puede ponerse, por encima de la Nación ni adjudicarse representación alguna que no haya sido sancionada por la Nación.
Los intereses culturales, políticos y económicos de la Nación chilena están por sobre todo interés particular o de grupos o parcialidades, minorías, nacionales o extranjeros.
La nación chilena tiene el derecho de existir porque los chilenos así lo afirman. No hay ninguna institución, constitución, ley o mandato que no haya sido sancionado por la Nación chilena y aceptado por ella, que prevalezca por sobre la voluntad nacional expresada válidamente y en forma organizada desde la base nacional. Rige el mandato de: un ciudadano = un voto. La residencia de los ciudadanos no tiene influencia alguna en su derecho a votar y ser elegido.
El territorio nacional y todo lo que contiene es propiedad de la Nación chilena y es ella la que debe disponer la forma y la manera en que el territorio se divide, se usa y como se fija su destino y explotación.
Toda institución, ley, constitución que limite, niege, posponga o mediatice dichos derechos fundamentales es nula. No existen derechos “naturales” anteriores a los que emanan de la Nación.
La Nación es la que le da legitimidad y sostiene al Estado que puede ser eliminado, modificado en su estructura siempre, por la Nación, si esta así lo decide.
La Asamblea Constituyente en la que está representada la Nación en forma proporcional a la cantidad de habitantes del país y los residentes fuera del territorio nacional, es soberana en todos los aspectos que organicen la vida colectiva de los chilenos. No hay institución, ordenanza, ley o “valores” superiores a la Asamblea Constituyente, que es la expresión organizada en Asamblea de la Nación. Todo el poder radica en ella.
La forma en que se constituye, la ocasión que se elige dicha Asamblea Constituyente debe quedar establecida en la Constitución Política para que la Nación cuente con un instrumento que le permita modificar, cambiar o eliminar la institucionalidad en parte o en todas ellas si la historia y el devenir nacional así lo aconseja y la Nación lo exige.
Por lo tanto manifestamos:
Que lo obrado por el gobierno ilegítimo, basado en la fuerza, del ciudadano chileno Augusto Pinochet Ugarte y sus secuaces desde el martes 11 de septembre de 1973 a mediodía, hasta hoy, es nulo de nulidad absoluta. Este grupo subversivo se arrogó un mandato que la Nación chilena no le había otorgado para, con la fuerza de las armas que la Nación les había confiado para su defensa, imponer a Chile una constitución, unas leyes y un ordenamiento jurídico, político y económico que la Nación no sancionó y que fue decidido a espaldas de ella y sin consulta.
Que todas las leyes, decretos y la Constitución dictada por ese gobierno son nulas y carecen de legitimidad y son mantenidas en vigencia por causa de un contubernio, en parte con compromisos secretos, entre los que asumieron la administración del Estado y los que se vieron obligados a entregarsela, basados, ambos cómplices, en un pacto realizado a espaldas de Chile.
Que debe ser la Nación chilena la que se reúna en Asamblea y discuta, y decida que Constitución y que legislación debemos darnos los chilenos y llamar a elegir, en ese marco ampliamente legitimado, a los funcionarios del Estado que se creará, para que dirijan los destinos de la Patria.
En consecuencia:
Chile debe recuperar su independencia y soberanía política.
Chile debe recuperar su soberanía sobre toda la riqueza nacional y explotarla en beneficio de los chilenos, derogando toda legislación que permita que extranjeros o entidades extranjeras se beneficien de ella en cualquier forma que sea. Especialmente en el caso de las riquezas básicas para cuya explotación y en todos los casos, los chilenos estamos en condiciones de explotarlas sin requerir el conocimiento de extranjeros.
Que Chile es soberano para darse la forma de gobierno, la organización política y la organización económica que considere conveniente a sus intereses y a los de la Nación.
Que es tarea central, impostergable, del Estado chileno, por mandato de la Nación, proveer los medios y los recursos humanos y materiales para que los niños y los jóvenes chilenos se eduquen. La educación nacional es un asunto central para la existencia de la Nación en el tiempo. Ningún extranjero puede fundar escuelas, institutos de enseñanza superior o cualquier tipo de establecimiento educacional, dirigirlas y formar niños en Chile si no cumple rigurosamente con los programas educacionales dictados por el Estado chileno.
Que es tarea central de la Nación y del Estado chilenos prevenir, proteger y sanar a los enfermos y procurar la salud de la Nación, por lo que es tarea central de Estado proveer, organizar y mantener los servicios de salud de manera tal que todos los chilenos reciban, cuando sea oportuno y necesario, la mejor atención de salud disponible en el país. Por estos principios no debe haber privilegio alguno en el campo de la salud.
Que es un deber básico que los chilenos gocen de soberanía alimenticia por lo que la agricultura como actividad económica debe ser liberada de las ataduras del mercado y subvencionada, si es necesario, para que produzca la variedad de alimentos baratos y accesibles para todos que requiere la Nación chilena para su sostenimiento.
Que el Estado debe asumir activamente un papel de creador, gestor y orientador de la generación de una base industrial que garantice que Chile no pueda ser amenazado con bloqueos, embargos y exigencias políticas por potencias extranjeras y organismos foráneos que cautelan los intereses de sus mandantes, los países ricos que se benefician desmesuradamente de la riqueza nacional.
Que es un imperativo ético de la Nación chilena sostener dignamente y con recursos suficientes a los ancianos por lo que, todo el sistema de previsión debe ser organizado colectivamente y para todos, primando absolutamente el principio de solidaridad nacional en sus instituciones.
Que en todas las actividades públicas y en la organización del Estado, se debe garantizar, por medio de una participación adecuada, el control de la Nación sobre los organismos estatales entre elección y elección de mandatarios.
Que los chilenos deben gozar de la mas absoluta libertad opara organizarse en cualquier forma, sea sindicatos, federaciones de sindicatos, partidos políticos, creencias religiosas o grupos de interés, siempre que no reciban influencia, y recursos del extranjero. Ninguna institución, ley o decreto debe limitar esta libertad, ni reglamentarla de manera tal que sea imposible para grupos pequeños organizarse.
Por lo que llamamos:
A la Nación chilena a organizarse, formar grupos de estudio de los asuntos constitucionales, discutir colectivamente y vincularse entre si y generar un movimiento social que obligue a los que ilegitimamente dirigen los asuntos de la política, el Estado y la economía, a sumarse a la discusión y formulación de un nuevo pacto social chileno que nos permita refundar la organización estatal chilena sobre los principios enunciados, realizando de este modo la tarea que fuera mediatizada, postergada por el pacto a espaldas del pueblo que suscribieron los herederos civiles de la dictadura con los que se arrogaron la representación de la Nación chilena, aprovechandose del estado de desorganización en que se encontraba la Nación por causa de la feroz represión de la dictadura.
¡Aún tenemos Patria ciudadanos!
UNION NACIONAL (UNA)



